Steve August 15, 2020
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Un monumento a los migrantes en Salcajá, Guatemala, el 9 de marzo de 2019. “Jazmín”, una mujer trans de El Salvador que solicitó refugio en Guatemala, fue asesinada el 1 de agosto de 2020. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

El 1 de agosto, fue asesinada en Guatemala una mujer trans salvadoreña de 29 años que llamaremos “Jazmín” por seguridad de su familia.

Ella había solicitado refugio por violencia de género
y persecución de pandillas, al momento de su muerte aún no había recibido
respuesta por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Fue encontrada con
muchos golpes en el cuerpo y el rostro desfigurado.

En un vídeo comunicado en las redes sociales de COMCAVIS TRANS, su directora Bianca Rodríguez, resalta la importancia y la necesidad urgente de la protección de las personas LGBTQ en el norte de Centro América,

“En la región a menudo las personas LGBTI son blanco
de hostigamiento y de violencia por parte de las pandillas”, expresa Rodríguez.
“Muchas de ellas eventualmente, se ven obligadas a cruzar una frontera
internacional en búsqueda de la protección”.

“Hago un llamado a los Estados a que procuren a
protección de las personas LGBTI, en especial a las personas que se ven
obligadas a huir de sus países por la salvaguarda de su derecho a la vida”,
concluye Rodríguez en su comunicado.

Diversas organizaciones de derechos humanos guatemaltecas
mostraron su consternación ante lo ocurrido, así es el caso de la Organización
Trans Reinas de la Noche, que en un comunicado dijo, “Este asesinato, pone en
relieve como los mecanismos de justicia nacionales en Centro América, no están
respondiendo a la necesidad de preservar la vida de las personas trans de la
región”.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó a
través de un comunicado que condenaban y lamentaban el asesinato de la mujer
trans salvadoreña, además confirmaron que se trataba de una solicitante de
refugio y se ponían a la disposición de las autoridades que investigaran el
caso, si esto así lo ameritaba.

“Lamentamos que la muerte de ‘Jazmín’ se halla dado en una situación en la que el Estado de Guatemala aún no había reconocido el estatuto de su solicitud pasado ya dos años”, comenta al Washington Blade Carlos Valdés, integrante de Lambda Guatemala, un grupo que promueve los derechos de miembros de la comunidad LGBTQ en Guatemala. “Esperamos y exigimos que las autoridades correspondientes hagan su investigación y no queden impunes como las muertes similares de la comunidad LGBTI que han sido con lujo de violencia”.

“El Estado de Guatemala tiene como mandato
constitucional actuar para proteger la vida de las personas y
desafortunadamente es al contrario”, menciona a Valdés, esto debido que a
través del legislativo han pretendido desde hace varios años impulsar la iniciativa
5272, la cual es Protección de la Vida y la Familia, promovida por los grupos
conservadores, con la cual pretenden limitar el goce de los derechos de las
personas LGBTQ, según Valdés.

Para el año 2019 fueron contabilizados 20 crímenes
contra la población LGBTQ en Guatemala, este año 2020 han ocurrido 11 casos,
estos datos son obtenidos gracias al observatorio de Lambda Guatemala.

Por su parte la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), habló con el Blade sobre lo
sucedido.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y
seres queridos de ‘Jazmín’ que intentaba reconstruir su vida en Guatemala tras
verse obligada a huir de El Salvador debido a la violencia y la persecución.” dijo
Giovanni Bassu, representante regional del ACNUR para América Central y Cuba. “Reiteramos
la necesidad de investigar el caso a fondo y tomar medidas para prevenir futuro
crímenes contra las personas LGBTI. Además, hacemos un llamado a los gobiernos
a garantizar que las personas LGBTI forzadas a huir tengan acceso sin obstáculos
a los procedimientos de asilo”.

ACNUR busca tener un acercamiento integral hacia la
población LGBTQ que se ha visto obliga a tener un desplazamiento forzado desde
países de origen y destino.

“En todos los países del norte de Centroamérica
trabajamos con socios para desarrollar intervenciones directamente en las
comunidades y fortalecer liderazgos entre las personas LGBTI, e identificar
rutas que permitan coordinar acciones de protección”; menciona al Blade Bassu,
“El fortalecimiento de liderazgos incluye componentes de capacitaciones sobre
temáticas de desplazamiento forzado y el ejercicio de derechos humanos, con el
fin de generar mecanismos de protección comunitarios que permitan la
identificación de necesidades y la coordinación de la atención a casos en
riesgo”.

La falta de accesos a los derechos y la violencia hacia la población LGBTQ y en específico a mujeres trans, han incrementado durante la pandemia por el COVID-19.

“Toda esta situación demuestra que los riesgos y las necesidades de protección son constantes y van en aumento para la comunidad LGBTI. Es urgente que los Estados generen mecanismos que permitan la protección y el acceso a la justicia”, finaliza Bassu.

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